Como es sabido, las Recomendaciones que emiten los Organismos de Protección de los Derechos Humanos, son dirigidas,remitidas o enviadas primeramente para su aceptación y posterior cumplimiento, a la Autoridad que violó los Derechos Humanos que motivó la recomendación y en ese sentido, es esa Autoridad la que a su entera discrecionalidad, facultad y arbitrio decide si la aceptan o no, sin que exista medio alguno para obligarlos a ello, a excepción de la nueva disposición Constitucional que las obliga a petición de las Comisiones, a comparecer a "explicar los motivos" de la no aceptación, pero sin que ello implique obligación a su aceptación, pues en ese rubro, creo es omisa la reforma Constitucional pues no establece sanción alguna por no la no aceptación indebida o la facultad a las legislaturas, de obligar a aceptarla.Sigue siendo decisión "discrecional" de la Autoridad violadora.
Hemos dicho que, necesitamos un Marco de Derecho o Jurídico que de sustento a un régimen de Estado Democrático y Republicano,es decir un Derecho Democrático, para lo cual resulta impostergable involucrar a los diversos sectores del Servicio Público, en los asuntos de Derechos Humanos como son el conocimiento y difusión de los mismos,promover su cultura de su respeto, así como a las recomendaciones que emitan en su contra los Organismos de su Defensa,etc.,ya que la emisión de una recomendación por violación a Derechos Humanos, no sólo afecta al agraviado, sino a la sociedad en su conjunto.
Por lo anteriormente dicho, la aceptación o no de Recomendaciones, no puede ni debe dejarse en manos de la Autoridad responsable, ya que ello no garantiza la imparcialidad de la decisión que se tome, pues ésta, estará influida por el criterio del Titular o Servidor Público a quién se dirige la Recomendación y sobre todo, por que dicha resolución lo afecta directamente o a su subordinado, ya que con ella, se les acusa de haber violado Derechos Humanos y consecuentemente, trae una sanción en su contra, razones por las que no debe ser el Titular del área sancionada la que acepte o no la determinación. Es tanto como acusar y decirle al acusado si acepta esa acusación y la sanción que se le impone por ello.
Por otra parte, la Recomendación que se emita es una resolución firme, es la declaración de la "verdad legal", por lo que de no ser aceptada, se generaría un acto de impunidad que tanto padecemos en México y uno de nuestros lastres que nos tienen sumidos en el atraso, dejando en tela de juicio la integridad de la autoridad renuente a aceptarla y con ello, "promoviendo" la violación de Derechos Humanos.Por todo ello, creemos necesaria una reforma Constitucional más en materia de Derechos Humanos, a fin de que se creen en todas las instancias y niveles de gobierno, un "Comité de Vigilancia y Evaluación de los Derechos Humanos", con el propósito de que las recomendaciones que se emitan, sean analizadas para su aceptación o negativa, dentro de los términos legales y no sea sólo la Autoridad a quien se le dirige, la que a su arbitrio (o arbitrariedad), resuelva en consecuencia. Dicho Comité estaría integrado minimamente, por el Titular del Ejecutivo o Presidente Municipal, el Secretario General de Gobierno, el Procurador General de Justicia, el Contralor y obviamente, el Titular de la Dependencia. El Comité correspondiente también conocerá de los procedimientos iniciados en contra de Servidores Públicos de su adscripción para que se le de la atención y respuesta oportuna a los Órganos de Derechos Humanos.
Creemos que con estas reformas a nivel Constitucional, para que todos los Estados y Municipios las adopten obligatoriamente, se disminuirán las violaciones a los derechos Humanos y cuando existan, se cumplirán en sus términos y con ello, abatir la impunidad y corrupción que tanto daño le han hecho a México.
